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La economía necesita con urgencia cambios profundos que permitan salir de la crisis cuanto antes. Pero esos cambios deben tener un amplio consenso social y político. Sin él, las reformas pueden derivar hacia todo lo contrario y frenar la recuperación.
La propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años y de ampliar de 15 a 25 años la base de cotización no ha sido oportuna, lanzada unilateralmente. Esos temas deberían estudiarse en el seno del Pacto de Toledo, máxime cuando se alega que la necesidad de esas modificaciones no es inmediata, sino en previsión de corto plazo.
También las indicaciones del Ministerio de Hacienda para intensificar la presión fiscal sobre las pymes y los autónomos no es de recibo. Para que las arcas del Estado se recuperen no se debe perseguir aún más a los que ya están más que exprimidos. El foco de la Agencia Tributaria debería dirigirse hacia la economía sumergida, sobre todo después desde que el mismo Ejecutivo se apunte a que supone aproximadamente un 20 por ciento. Sólo con que aflorara la mitad de esos negocios que no pagan ni impuestos ni Seguridad Social las cuentas públicas serían más saneadas.
Ahora lo prioritario es reformar el mercado laboral para facilitar la entrada de los jóvenes, el sector más perjudicado por el desempleo, los parados de larga duración y las mujeres, otro sector seriamente perjudicado. Aquí es donde el Gobierno tenía que echar toda la carne en el asador.
Hay demasiados contratos temporales que tendrían que agruparse bajo un único contrato más flexible y con menor coste social, a cambio de una mayor formación de los trabajadores. También sería importante un contrato más flexible a tiempo parcial para absorber la demanda de trabajadores que prefieren una jornada reducida o que quieren compatibilizar trabajo con prestaciones sociales, el llamado modelo alemán.
Así mismo sería preciso incentivos fiscales que favorecieran la pervivencia de las pequeñas y medianas empresas o la creación de otras nuevas. Para ello es conveniente un pacto económico que facilitara la formación tanto de los empleados como del empleador ante los retos del futuro, aumentar la competitividad, y facilitar la liquidez a las empresas abriendo la mano en la concesión de créditos sobre todo a las pymes, reformando el mercado financiero.
La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) apuesta por el diálogo social que permitan un nuevo modelo de relaciones laborales y solicita a las fuerzas políticas un compromiso para alcanzar acuerdos que posibilitan encontrar la salida del túnel cuanto antes.
Como ejemplo tenemos la firma en Extremadura de un Pacto Social y Político de reformas, que a nuestro juicio es un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con nuestra tierra compartiendo un deseo de mejora, de progreso para Extremadura y para los extremeños y extremeñas, Pacto que está en el proceso de análisis en la Asamblea de Extremadura para su apoyo por parte de los grupos políticos, en su caso.
Este gran acuerdo ha sido una trascendente, arriesgada y ambiciosa apuesta por el compromiso social en la búsqueda de soluciones, confirmando que somos una sociedad madura, que afronta el reto con decisión y que ha conseguido fijar objetivos comunes y de forma unida.
Desde el Pacto, fruto del consenso entre el Gobierno autonómico y los agentes económicos y sociales, aportamos un contenido que, considerando el cambio estructural experimentado en Extremadura en las últimas décadas, pretende dar un cambio estructural a la situación socio-económica de Extremadura.
Desde la organización empresarial, con el desarrollo de las líneas y concreciones del marco definido en le Pacto, ambicionamos mejorar las condiciones de financiación de las PYMES, tanto para frenar la destrucción masiva de tejido productivo y empleo, como para mantener la actividad de nuestro tejido productivo y para financiar proyectos de crecimiento empresarial.
Se han propuesto, entre otras, medidas de reforma del sistema financiero y medidas de austeridad de las Administraciones Públicas, de ordenación territorial enfocada a la planificación de equipamientos e infraestructuras que concentren constantes de eficacia en la inversión, ahorro de energía por la agrupación de la producción y transformación, y un desarrollo eficiente.
Hemos acordado una creación de un grupo de trabajo para ejecutar la tarea del análisis, contraste y fijación de parámetros para la realización de una estrategia fiscal propia para la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo la configuración de la mejora de la competitividad del sistema productivo y en relación a nuestro entorno, una reforma fiscal aprovechando el margen normativo de la Junta de Extremadura con los objetivos de modificar los impuestos eliminando las desventajas fiscales de nuestras PYMES con las del resto de Comunidades Autónomas, estimular la idoneidad de nuestras empresas y dinamizar la economía y la generación de oportunidades.
Además se ha diseñado un amplio paquete de reformas estructurales tendentes a ampliar el capital humano de nuestra economía, mediante transformaciones en el sistema educativo y en la formación adecuada de los trabajadores y empresarios. Igualmente en el capital físico, mediante una apuesta ambiciosa por las infraestructuras de transporte que multipliquen el potencial de crecimiento de la economía. Todo ello identificando sectores emergentes, con potencialidades de nuestra economía, y señalando sectores tradicionales que pueden aportar un mayor valor añadido de lo que viene siendo hasta ahora.
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